2009: 16 de marzo. Gobierno Central y Junta de Andalucía cifran en 1.204,41 millones la deuda histórica, poniendo fin a veinte siete años de reivindicaciones. Una cifra resultado de un derecho y justificada euro a euro, según el vicepresidente económico andaluz José Antonio Griñan, y calificada como de acuerdo histórico por la ministra de Administraciones Públicas Elena Salgado.
Informa José María Allas, presenta Javier Domínguez [Informativo «La noche al día», 16/03/2009, Canal Sur Televisión].
Un acuerdo histórico para una deuda con historia. Habían transcurrido ocho elecciones autonómicas y tres presidentes andaluces, Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla y Manuel Chaves. También una reforma del Estatuto de Autonomía para que la cúspide ejecutiva del Estado, el Gobierno de Madrid, aceptara sufragar una deuda con Andalucía contemplada en el primer texto y mantenida en el segundo: la deuda histórica.
Además de una Ley Orgánica, por tanto de cumplimiento obligado, y más que una reivindicación historicista, la deuda ponía al día la situación precaria en la que Andalucía, en su condición de autonomía histórica vía referéndum, asumía competencias tan importantes como onerosas: la sanidad pública de la autonomía más poblada, la educación de la región con mayor número de habitantes en edad escolar y la falta de infraestructuras interiores de la región más grande de España.
En este tiempo, sólo llegaron 420 millones de euros entregados como anticipos a cuenta: la primera partida en 1996 y la segunda, de unos 300, apenas unos meses antes. El acuerdo cerrado en 1.200 millones, casi en el filo de los 1.148 calculados como el mínimo de una horquilla que llegaba por encima de los 1.700. El importe de la deuda, tenía que estar totalmente sufragada en el plazo de un año, y se destinaría a lo que fue su origen: los servicios básicos de educación y sanidad, aunque también estaba previsto la atención social y la construcción de viviendas de protección oficial.
