El Tribunal de Responsabilidades Políticas sancionaba con fuertes multas a los descendientes de los políticos a los que había fusilado
La banca no fusila, pero se incauta del piso y, además, exige el pago adicional del préstamo con lo que consigue arruinar a miles de familias
La dación del inmueble hipotecado es una justa reivindicación del Movimiento 15-M que es legal en muchos países europeos y americanos, como Reino Unido y Estados Unidos
La ley hipotecaria en España es la ley del embudo y los grandes partidos -PSOE y PP- se resisten a cambiarla
Por Rafael Guerrero
Una de las reivindicaciones del movimiento del 15-M que más está calando en la sociedad española es la dación del inmueble hipotecado para saldar la deuda contraída con el banco. Esto supone que el piso o la casa cuyo recibo mensual no puede pagar el comprador por algo tan normal en estos tiempos como haberse quedado en paro sirva para liquidar la deuda y punto. Ni más ni menos que como sucede en otros países europeos y americanos, como Reino Unido y Estados Unidos.
Sin embargo, en España la legislación hipotecaria es lo más parecido a la ley del embudo, ya que perjudica a los ciudadanos que acceden a la propiedad de la vivienda y favorece a los bancos, esos que hasta hace poco tiempo, en plena burbuja inmobiliaria, engatusaban a los clientes ofreciendo préstamos hipotecarios que cubrían no un 80 ó 90% del valor de tasación del inmueble, sino hasta más del 100% para que el cliente pudiera disponer de liquidez adicional para comprarse muebles y electrodomésticos con un tipo de interés -el hipotecario- más barato que el de un crédito personal.
Alegría, alegría. Y ahora que vienen las vacas flacas, como siempre gana la banca, que se queda no sólo con la garantía hipotecaria del inmueble, sino que también condena al ciudadano a seguir pagando recibos para saldar la deuda. Es decir, sin piso y arruinado de por vida.
‘Mutatis mutandis’, lo que hace la banca -con el respaldo de la ley y con la resistencia de los dos principales partidos mayoritarios a cambiarla, como se vió en el Congreso la semana pasada- es lo más parecido a lo que hacía el franquismo con los perdedores de la Guerra Civil. No se conformaba con fusilar a los políticos más comprometidos con la República, sino que iba más lejos: condenaba a sus familias, a sus descendientes, a la ruina con la Ley de Responsabilidades Políticas creada en febrero de 1939. Bien lo saben los más de 60.000 andaluces -un cuarto de millón de españoles- que padecieron este castigo confiscatorio y de incautación de bienes. Bien lo saben, por poner un ejemplo más concreto, los hijos de Virgilio Castilla, el último presidente republicano de la Diputación de Granada, que siguen pleiteando con el Estado para resarcirse de la desorbitada sanción de 250.000 pesetas de entonces que les impuso el peculiar sentido vengativo de la justicia del Franco, como castigo por ser hijos -ya huérfanos tras el fusilamiento- de padre republicano.
Ahora ya no te fusilan, pero te quitan el piso que no pagas. Pero no conformes con dejarte en la calle y gracias a una ley carente de sentido común, los bancos te condenan a seguir pagando casi de por vida por algo que ya no tienes. Cualquier parecido con aquella ley franquista será pura coincidencia. Bien harían los partidos en prestar atención a esta indignación popular que crece conforme la banca sigue haciendo insultante ostentación de sus millonarios beneficios tras cuatro años de dura crisis para el resto de los mortales, que somos la inmensa mayoría.