– EL DÍA DESPUÉS: A partir del verano, cualquier persona podrá comprar sin receta ni cortapisas, la píldora postcoital -conocida como la píldora del día después-, para impedir un embarazo no deseado; aunque eso sí, habrá que pagar unos 18 € por ella. La decisión del gobierno ha levantado polémica, puesto que no fija límite de edad para adquirirla. Es un anticonceptivo de emergencia para los sectores progresistas, y algo que favorecerá la promiscuidad sexual entre los jóvenes, para los sectores conservadores. Sin embargo, el ejecutivo ha decidido apostar por su uso libre ya que se ha demostrado eficaz en otros países reduciendo el número de abortos y no es considerado por la Organización Mundial de la Salud como un método abortivo. El año pasado en España se consumieron unas 500.000.

– CON TODO EL CARIÑO: Son padres como los demás, ¿o no? Tuvieron un hijo y se dedicaron a cuidarlo. Les dan su cariño, pero no siempre pueden atenderlos en condiciones… puesto que en algo son direferentes. Son personas que padecen una discapacidad intelectual. Convivimos con dos de ellos que presentan situaciones distintas. Una es madre y no puede atenderlo porque una asociación es nombrada legalmente tutora tanto de la madre como del hijo. El otro, es padre que sí que tiene la patria potestad y se encarga de cuidar a su hija, con una dedicación esmerada. Son padres y discapacitados intelectuales, que no afectivos.

– GUARDERÍAS: El sector de las guarderías está movilizándose. La reciente Ley de Educación de Andalucía cambiaba la misión esencial que cumplían las guarderías. Si dependían de Bienestar Social, ahora lo harán de la Consejería de Educación, pues se asume que la atención de estos niños de 0 a 3 años, que antes era asistencial, debe tener también una labor formativa. Bajo ese concepto está enseñarlos a comer, a colorear, o ir al baño sólos. Esto provoca efectos colaterales, como por ejemplo, la situación de los trabajadores de los centros, ya que afecta a la titulación que se les requiere. Pero no es la único. Las casi 700 guarderías privadas que existen en Andalucía se verán obligadas a tener todas sus plazas en convenio con la Junta o renunciar a ello, y deberán poner un precio igual y en ningún caso superior a 275 € para mantenerlo. Entienden la mayoría que así tendrán una difícil viabilidad.