– LAS CLAVES DE LA “LEY WERT”.- Tres reválidas, contar la nota de religión y aceptar la segregación en las aulas son algunos de los puntos que contempla la nueva ley educativa que plantea el gobierno. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), tras ser aprobada por el Consejo de Ministros, ha iniciado los trámites parlamentarios, en medio de una fuerte polémica. Sin el respaldo de ningún grupo parlamentario de la oposición y con gran parte de la comunidad educativa, el ministro Wert defiende la necesidad de la ley para buscar la excelencia. Conoceremos los puntos claves de esta reforma en la los sindicatos de la enseñanza ver una desvirtuación del concepto de educación pública.

– FRENAR LOS DESAHUCIOS.- Una iniciativa para frenar los dramas familiares que se producen. La Junta de Andalucía ha promovido un decreto que asegura el cumplimiento de la función social de la vivienda. Para ello, se permitirá la expropiación del uso de la vivienda a los bancos temporalmente y bajo indemnización, para evitar así desahucios en determinadas circunstancias, y además, se impondrán sanciones a las entidades de ahorros que mantengan pisos vacíos. Con el rechazo del gobierno, se da por hecho incluso que “los hombres de negro” de la Unión Europea revisarán este decreto para ver cómo afecta a los bancos. Conoceremos a las primeras personas que se han acogido a esta posibilidad.

– MAYOR ZARAGOZA.-  Fue diputado, europarlamentario, ministro de educación, y durante 12 años director de la UNESCO. Viene del área de la ciencia, pues es catedrático en bioquímica, pero sus reflexiones se adentran en las causas y las soluciones de las injusticias que nos rodean. Aunque nació en Barcelona tiene una profunda vinculación con Andalucía donde ha sido rector de la Universidad de Granada y donde ha sido nombrado en 2008 Hijo Predilecto de la Comunidad. Una entrevista en la que nos da su opinión sobre opinión sobre los problemas actuales. La reflexión de una persona cuyo mensaje es de compromiso y esperanza, que incide en el valor de la gente y en la necesidad de la lucha para alcanzar objetivos que permitan hacer un mundo mejor.

– NUEVA LEY DE COSTAS.- La nueva Ley de Costas ha sido aprobada en el Parlamento y entra en vigor no exenta de críticas. El ministerio de Medio Ambiente sostiene que con ella se consigue una protección mayor ante los de los excesos urbanísticos y permite dar confianza y generar actividad económica. Supone sacar del dominio público unas 10.000 viviendas y concede hasta 75 años más de vida a construcciones que debían comenzar a ser demolidas a partir de 2018. Para los ecologistas y la oposición, muchas de las medidas que contempla suponen una vuelta atrás apostando otra vez por el ladrillo, y además reduce las zonas de servidumbre de 100 a 20 metros. ¿Consolida una vieja situación, mejora la protección, o conlleva una amenaza  para nuestro litoral?

– EL USO DE LA BICICLETA.- Polémica sobre una futura modificación del Reglamento de Tráfico que contempla la obligatoriedad del uso del caso en los desplazamientos urbanos en bicicleta. Ante ello ya han expresado su disconformidad la Red de ciudades por la bici, la Asociación de ciclistas profesionales, varios Ayuntamientos y la mayoría de sus usuarios. Asumiendo la eficacia de esa protección, entienden que imponerlo en los desplazamientos urbanos tendría efectos negativos, ya que entre otras razones, la accidentalidad es muy baja y no evita los mayores peligros en la circulación. Además, con esa medida se podría frenar la extensión de la cultura de la bici, pues condicionaría la frecuencia de su uso. En Sevilla, por ejemplo hay más de 50.000 abonados.

– REGISTRO CIVIL, ¿PRIVATIZACIÓN?.- El nacimiento, la boda, el cambio de nacionalidad o la defunción son datos que pertenecen a la esfera íntima del ciudadano, pero de los que hay que dejar constancia documental en los registros civiles. Sin embargo, esto podría cambiar pues el gobierno estudia la posibilidad de que este tipo de actos deje de hacerse en los juzgados y pasen a ser gestionados por notarías o registros de propiedad y mercantil, bajo el argumento de desjudicializar esos registros. Además supondría que debería pagarse por esos trámites, que hasta ahora son gratuitos. Todo ello ha generado un debate sobre esta medida, pues incluso hay numerosos registradores que no creen que se den las condiciones para ese traspaso de gestión, o hay otros grupos que directamente recelan del traspaso de esa información a manos privadas.