– NUEVA LEY DE COSTAS.- La nueva Ley de Costas ha sido aprobada en el Parlamento y entra en vigor no exenta de críticas. El ministerio de Medio Ambiente sostiene que con ella se consigue una protección mayor ante los de los excesos urbanísticos y permite dar confianza y generar actividad económica. Supone sacar del dominio público unas 10.000 viviendas y concede hasta 75 años más de vida a construcciones que debían comenzar a ser demolidas a partir de 2018. Para los ecologistas y la oposición, muchas de las medidas que contempla suponen una vuelta atrás apostando otra vez por el ladrillo, y además reduce las zonas de servidumbre de 100 a 20 metros. ¿Consolida una vieja situación, mejora la protección, o conlleva una amenaza  para nuestro litoral?

– EL USO DE LA BICICLETA.- Polémica sobre una futura modificación del Reglamento de Tráfico que contempla la obligatoriedad del uso del caso en los desplazamientos urbanos en bicicleta. Ante ello ya han expresado su disconformidad la Red de ciudades por la bici, la Asociación de ciclistas profesionales, varios Ayuntamientos y la mayoría de sus usuarios. Asumiendo la eficacia de esa protección, entienden que imponerlo en los desplazamientos urbanos tendría efectos negativos, ya que entre otras razones, la accidentalidad es muy baja y no evita los mayores peligros en la circulación. Además, con esa medida se podría frenar la extensión de la cultura de la bici, pues condicionaría la frecuencia de su uso. En Sevilla, por ejemplo hay más de 50.000 abonados.

– REGISTRO CIVIL, ¿PRIVATIZACIÓN?.- El nacimiento, la boda, el cambio de nacionalidad o la defunción son datos que pertenecen a la esfera íntima del ciudadano, pero de los que hay que dejar constancia documental en los registros civiles. Sin embargo, esto podría cambiar pues el gobierno estudia la posibilidad de que este tipo de actos deje de hacerse en los juzgados y pasen a ser gestionados por notarías o registros de propiedad y mercantil, bajo el argumento de desjudicializar esos registros. Además supondría que debería pagarse por esos trámites, que hasta ahora son gratuitos. Todo ello ha generado un debate sobre esta medida, pues incluso hay numerosos registradores que no creen que se den las condiciones para ese traspaso de gestión, o hay otros grupos que directamente recelan del traspaso de esa información a manos privadas.