Los feminicidios de Ciudad Juarez
Muerte y vergüenza al sur en la frontera
por Javier Márquez Sánchez
En 1993 comenzaron a desaparecer mujeres en la zona de Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua. De vez en cuando aparecía el cuerpo de alguna de ellas, torturada, violada y, finalmente, asesinada. Sin pistas ni sospechosos. Año tras año, la cifra de desaparecidas aumentaba. Se especuló con que pudiese tratarse de un asunto de narcotráfico, de trata de blancas o de venta de órganos. Las cifras más “optimistas” apuntan a más de quinientos casos en estos dieciséis años. Muchas ONGs y organizaciones internacionales recuerdan, sin embargo, que ese dato refleja sólo las mujeres encontradas muertas; las que aún permanecen desaparecidas elevan la cifra a más del millar.
El caso acabó generalizándose de tal manera que se acabó acuñando el término “feminicidio” para referirse a este tipo de crímenes, estableciéndose en México fiscalías especiales para investigar estos delitos, y creándose una gran variedad de organizaciones civiles para que esas muertes no cayesen en el olvido. Porque, más allá de esos datos escalofriantes, lo que deja perplejo a cualquiera que se acerque a este caso es el hecho de que en todo este tiempo, las autoridades mexicanas no han practicado ni una sola detención conectada con las muertes.
De ahí que los periodistas especializados en el caso hayan catalogado de histórica la decisión, el pasado 20 de noviembre, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenaba al Estado mexicano como responsable por la muerte de Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años; Claudia Ivette González, de 19, y Laura Berenice Ramos, de 17.
Estas chicas desaparecieron en el año 2001 en Ciudad
Juárez, uno de los puntos calientes de la frontera con Estados Unidos. Sus familias, todas humildes, hicieron lo posible por obtener alguna información, no ya sobre el paradero de sus hijas, sino sobre el estado de la investigación. Pero cuando la madre de una de ellas, Irma Monreal, acudió a la policía, la respuesta que obtuvo desarmaba cualquier reacción: “Señora, vaya y búsquela usted. Pregunte a ver qué le dicen, y según lo que usted investigue, pues viene y nos lo dice”.
Los cadáveres de las chicas no tardarían en aparecer, violadas y maltratadas, en una zona de negra leyenda conocida como Campo Algodonero. Sus familiares tuvieron que enterarse por la prensa de la noticia, y no fue tarea fácil conseguir que las autoridades les permitiesen ver los restos para identificarlos.
La terrible impotencia de las familias de esas víctimas ante el trato inhumano recibido por parte de su propio gobierno les dio fuerzas para plantear esa denuncia internacional ante esa desidia total, así como por la “falta de prevención y de atención a lo que viene sucediendo desde hace demasiado tiempo”.
Esta resolución histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hará que el gobierno mexicano tenga que pagar por primera vez por su falta de diligencia en la investigación de los cientos de casos de mujeres torturadas, vejadas, violadas, mutiladas y finalmente asesinadas en Ciudad Juárez desde 1993.
La coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), Norma Enríquez, estuvo hace pocos meses en España pare recibir de manos del Rey don Juan Carlos el Premio de Derechos Humanos por su entrega a esta causa. Enríquez explicó que los feminicidios no son sólo un problema de México, sino que existen muchos países en los que la violencia contra las mujeres no se trata de la misma forma que la violencia contra los hombres.
Y así, en referencia a los crímenes de Ciudad Juárez, Norma Enríquez comentó: “lo terrible es que la sociedad en alguna medida justifica eso: ¿qué tipo de mujeres son?, ¿son prostitutas?, ¿son mujeres que transportan droga?, generando dudas sobre la víctima, en lugar de sobre el agresor. Se ha convertido en un problema muy complejo, que está cruzado por el narcotráfico, las bandas, el crimen organizado, pero también tiene cobertura de algunas autoridades, por lo cual ha sido muy difícil abordarlo, pese a que se viene denunciando desde hace muchos años. Ni siquiera se sabe cuántas mujeres han sido asesinadas en realidad”.
El problema es tan grave que son ya muchas las organizaciones que intentan obligar al gobierno mexicano a hacer algo efectivo. También muchos artistas están comprometidos con la causa. Por ejemplo, la pasada primavera un centenar de actores, directores y músicos firmaron un documento que entregaron al presidente del país, Felipe Calderón, en le que instaban a reaccionar contra una situación insostenible. Por su parte, hace dos años, Antonio Banderas se comprometió con los feminicidios mexicanos a través de una película, Ciudad de Silencio, protagonizada junto a Jennifer López, en la que se denunciaba esa impunidad de los agresores y la posible implicación de gente poderosa.
Sin embargo, cuanto más profundizan las organizaciones en el problema de la violencia contra la mujer en México, más descorazonador resultan los datos. Los feminicidios de Ciudad Juárez se han hecho famosos, pero los últimos datos revelan que varios estados superan ya al de Chihuahua, en el que se encuentra Ciudad Juárez, en violencia contra las mujeres.
Fue el pasado 25 de noviembre, Día internacional contra la violencia de género, cuando la presidenta del Instituto de las Mujeres de México (Inmujeres), Rocío Gaytán, alertó de que al menos cinco de los 32 estados mexicanos superan en su nivel de violencia contra las mujeres los más de quinientos asesinatos ocurridos desde 1993 en Ciudad Juárez. “Tenemos estados con mayores datos de feminicidio. Tenemos estados con números hasta tres veces más grandes de lo que sucedió en Ciudad Juárez y que sin embargo están callados, no hay seguimiento”, explicó. En opinión de Gaytan, en un país donde el 67 por ciento de las mujeres asegura haber sufrido algún tipo violencia, “el mayor problema sigue siendo la impunidad”.

Luis Baras
Pilar Muriel